Del delito social

OCTAVIO QUINTERO
30-10-08

Todos asumimos a primera vista el término ‘delito’ como algo que infringe la ley, por lo cual, alguna autoridad competente nos puede privar de la libertad. Es lógica esa interpretación prevaleciente del término delito, dado que es su primera acepción en el diccionario de la RAE que lo define como culpa o quebrantamiento de la ley.
Esta tendencia a definir el sentido de las palabras por su primera acepción comporta un descuido en nuestra formación escolar, pues, pocas veces, por no decir nunca, el profesor de español estudia con sus alumnos la definición completa de los términos, es decir, sus distintas acepciones, algunas de las cuales resultan a veces hasta contradictorias entre sí.
Por ejemplo, vean el término ‘villano’. Yo confieso que hasta hoy lo asociaba primordialmente con la actitud de una persona malvada. Y creo que muchos conmigo tienen la misma idea, al punto que es popular oír decir, a manera de queja, que siempre lo tratan a uno como al “villano de la película”.
En las distintas acepciones de ‘delito’, encontramos que no sólo es delito robar o matar, sino también comer tanto o malgastar la plata debido a que constituyen acciones o cosas reprobables.
Yendo más allá, en la segunda interpretación de la tercera acepción del término delito, la RAE dice que delito común es “el que no es político”. Con ello nos indica que también hay delitos políticos como aquellos que cometen los gobiernos autoritarios en defensa de su propio régimen.
Si en la segunda acepción se considera que delito también es toda aquella acción o cosa reprobable, entonces, podríamos asumir como delito social toda acción o cosa que sobreponga la eficiencia económica de las empresas por encima de los derechos y la dignidad humana, por ejemplo.
En este orden de ideas vemos como mueren las personas a la puerta de los hospitales porque no tienen como pagarse un vomitivo; o como dejan de ingresar o salen de las universidades prominentes talentos humanos por falta de recursos económicos, mientras el Estado gasta miles de millones de pesos, muchos de ellos a discreción de los ejecutores, en su política de seguridad democrática cuyo fracaso es evidente por no haber brindado al cabo de estos largos años del régimen uribista, la promesa del respeto a la vida y, en cambio, haber contribuido a deleznar la calidad de la democracia.
En otras palabras, insistir en la seguridad democrática no sólo constituye un delito político en cuanto es una defensa de un régimen autoritario sino un delito social en cuanto está destinando los escasos recursos del país en gran parte a gastos militares con miras a la guerra en vez de enfocarlos hacia la paz social que se representa en vivienda, salud, educación, seguridad social y trabajo digno.
En el orden de la interpretación que el eminente profesor Noam Chomsky da en su último libro al abuso del poder y la agresión a la democracia, no cabe duda que Uribe lleva a Colombia por el camino de un estado alevoso, mafioso y fracasado.
1).- Alevoso por lo que hemos descubierto en el DAS, destinado a hacerle seguimiento de inteligencia a la oposición y los sindicatos; y por lo que hemos descubierto en estos últimos días, y quizás por lo que falta por descubrir en torno al Ejército y la Policía, dedicados a reclutar en los estratos bajos de la sociedad urbana la carne de cañón de sus falsos positivos.
2).- Mafioso por la infiltración de la mafia en todas las ramas del Poder.
3).- Fracasado por lo que, precisamente, debido a su contenido alevoso y mafioso, no ha logrado alcanzar el primer postulado del contrato social contemplado tanto en la concepción de Hobbes como de Locke y Rousseau, a pesar de sus diferencias: vivir en paz.

Cavilaciones de un suspicaz

OCTAVIO QUINTERO
27-10-08

Dirán que soy muy suspicaz… A lo mejor. Pero es evidente que cada vez que el presidente Uribe tiene un conflicto, de esos que uno cree que es el fin del fin de su maquillada popularidad, le aparece un secuestrado de las Farc que se ha escapado por sus propios medios, o que ha sido rescatado por el Ejército o que, como en el último caso de Lizcano, su carcelero decidió salvarle la vida a su prisionero y de paso arreglarse la suya y la de su compañera sentimental.
Todo, como en la Guerra de Troya, es de película; es decir, encaja más en la ficción que en la realidad.
Cada escapado de la profundidad de la selva donde se estaba pudriendo hacia años, según los relatos y los testimonios que de cuando en cuando nos llegan de las Farc por el correo de las brujas, es un Ulises.
Es dable creer en proezas cuando de por medio nos jugamos la vida. Pero es que las proezas deben corresponderse en alguna mínima proporción también con la lógica.
Decir que un “cucho” y un tuerto se le volaron en medio de la selva a un batallón de guerrilleros, es someter la imaginación a esfuerzos sobrehumanos; y decirnos en el preámbulo de esta fuga, que Lizcano estaba al borde de la muerte, para luego encontrarnos con un Lázaro recién resucitado, es, de nuevo, ponernos a pensar en milagros como explicación de estas cosas tan sobrenaturales.
Desde hace rato creo que en esta comedia de Colombia, alguien maneja un libreto oculto que no sólo tiene confundidos a los espectadores, como es lo obvio por lo apasionante, sino también a los actores, muchos de ellos que representan sus papeles sin saber que a la vuelta del siguiente capítulo van a caer en desgracia, como el caso de los oficiales de la población de Soacha que han sido destituidos por las desapariciones de jóvenes en esa población que días después fueron reportados por el Ejército como dados de baja en combate a varios centenares de kilómetros de distancia de donde eran sus residencias habituales.
Y ni hablemos de los oscuros episodios del DAS, el último de los cuales costó la cabeza de la directora y de algún funcionario menor que ahora nos quieren hacer creer que sólo por sapo (motu proprio), decidió hacerle seguimiento a la oposición y a los movimientos sociales y laborales viendo a ver qué cazaba de interés en ellos que pudiera servir a sus superiores.
Y piensen también en el escándalo que envuelve al actual presidente del Congreso pocos meses después de haber sido elegido y haberse convertido en un predilecto y eficaz portavoz de los pensamientos ocultos del Presidente Uribe. Es evidente que sus relaciones con gente del bajo mundo eran conocidas de tiempo atrás por quienes ahora decidieron denunciarlo. ¿Y por qué no lo hicieron antes?
Pareciera que cada episodio de estos necesita de un momento preciso para ser destapado. Y, será por simple coincidencia o exceso de suspicacia que cada momento preciso siempre coincide con algún apuro del presidente Uribe.

oquinteroefe@yahoo.com

Un sainete puesto serio

OCTAVIO QUINTERO
oquinteroefe@yahoo.com
21-10-08

Produce desazón las destempladas acusaciones del gobierno contra dirigentes políticos de oposición dizque por estar apoyando algunas huelgas laborales y protestas sociales. Y da vergüenza pertenecer a un gremio periodístico que orquesta escenas de inquisición sobre las víctimas de turno. Pero, recordando a Luther King, nos debiera sobrecoger más el silencio de los buenos que la maldad de los malos.
En medio del malestar social que algunos valientes defensores de los derechos laborales y colectivos se atreven a manifestar en este tormentoso ocaso del régimen de Uribe, salió ese bien tildado ministro de la desprotección social a demonizar la huelga de los corteros de caña que reclaman un salario justo y la protesta indigenista que exige el resarcimiento de sus tierras usurpadas por paramilitares, parapolíticos, narcotraficantes y terratenientes, dizque por contar con apoyo logístico y económico de dirigentes políticos de la oposición.
¿Y qué? ¿Es que también constituye terrorismo en Colombia la lucha de clases? O será que José Obdulio, cabecera ideológica de Uribe, no sabe que el Contrato Social es un paradigma que mediante distintos pero convergentes modos de realizar el bien común y la voluntad general ha logrado a través del tiempo los cuatro bienes públicos esenciales a toda democracia: legitimidad del gobierno, bienestar económico y social, seguridad e identidad colectiva.
Que el régimen persiga a la oposición, ya es obvio. Y que los periodistas proclives al gobierno secunden su fascismo, también es explicable aunque por razones inadmisibles, especialmente aquellas que nos hablan de corrupción y chantaje. Pero que los acusados reculen temerosos ante la inquisición oficial y periodística, sí es un claro síntoma que se puede resumir en ese viejo dicho popular que dice “mal está el enfermo, ni come ni hay que darle”.
Cada quien es dueño de su propio miedo en el campo personal. Pero en el ámbito de la representación popular o de la dirigencia comunal sobreponer el temor individual a los intereses de la colectividad es traicionar la clase y su lucha social.
Mucho más grave resulta que los partidos políticos a los que pertenecen los parlamentarios señalados por el régimen de apoyar estos movimientos sociales permanezcan mudos. Uno podría hasta explicarse el silencio del resquebrajado Partido Liberal. Pero lo del Polo Democrático, orientado por un avezado constitucionalista, el ex magistrado Carlos Gaviria, conocedor como el que más de los derechos fundamentales, entre otros el de la libertad de pensamiento, argumento que por demás le permitió tumbar como ponente ante la Corte la tarjeta de periodista, da grima.
¿Puede un parlamentario con su sueldo apoyar legalmente una marcha pacífica de ciudadanos o un cese de actividades? Claro que sí. Solamente a un sibilino como el ministro de Protección y Seguridad Social o a un periodista proclive a la corrupción se les ocurre que no, aduciendo que el salario de un funcionario público sigue siendo público aún después de habérselo ganado con su trabajo.
¿Y puede uno (cualquiera) ideológicamente apoyar un movimiento que no es subversivo ni terrorista (aunque pueda tener o dar pábulo a subversivos y terroristas infiltrados? Claro que también.
En tales casos, es obligación de los organismos de investigación e inteligencia del Estado enjuiciar a los subversivos y terroristas que aprovechan las huelgas de los trabajadores y las marchas cívicas para infiltrarse y poner en peligro la estabilidad del Estado, si es que este argumento se construye en derecho. Pero no se puede calificar de subversiva o terrorista la huelga o marcha en sí misma, y con tan peregrino argumento, sindicar a un dirigente político, sindical o cívico de auspiciar el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, aunque en el caso de Uribe, mejor ni le arrimemos candela a ese rabo.

A un paso del abismo

OCTAVIO QUINTERO
oquinteroefe@yahoo.com
06-10-08

Cuando la Corte Constitucional (CC) gozaba de credibilidad en asuntos de alta costura política, uno podía sin mayor esfuerzo mental intuir el curso de sus fallos porque, entre otras cosas, la lógica parece ser precursora del derecho que la pone en razón mediante documentos o pruebas.
Por eso es que (también en otros tiempos), los altos funcionarios del Estado incursos en investigaciones o conflictos de interés renunciaban a sus cargos antes que, como se estila ahora, fueran escuchados o vencidos en juicio porque la lógica se encargaba de emitir un primer juicio que siempre es de opinión pública que pena con su censura moral a aquellos sospechosos de conductas irregulares. Y esos fallos de opinión pública, que vienen dados por la lógica, son inapelables porque, como se dice en el socorrido latinajo: vox populi, vox Dei.
Pero a medida que la CC ha ido entrando en una interpretación más política que legal de ciertos asuntos, especialmente aquellos tan cerca del interés del gobierno, lo predecible es esperar fallos abiertamente reñidos con la lógica.
Tal fue el caso culminante de la sentencia condenatoria que profirió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la tristemente célebre parlamentaria Jidis Medina que vendió su voto en el 2004 a favor de la reforma constitucional que posteriormente, en 2006, permitió la reelección del presidente Uribe.
No sólo por su propia confesión sino por la demostración jurídica de su mala conducta, Jidis fue condenada por cohecho y el fallo de la CJS fue compulsado a la CC para que se ocupara de revisar qué tan legal era una reforma constitucional que se había logrado mediante el soborno de al menos un parlamentario que en su momento fue clave para lograr la mayoría requerida en el Congreso.
Pues, para sorpresa de toda sana lógica, la CC halló a lugar que pueda, al menos de aquí en adelante, utilizarse medios delictivos para lograr algo que en ese momento y todavía, una gran corriente de opinión pública de Colombia considera muy bueno: mantener a la cabeza del gobierno al presidente Uribe.
Es decir, si por cualquier circunstancia es necesario matar a algún parlamentario para que no hunda el actual referendo que se tramita en el Congreso y que permitirá una segunda reelección de Uribe, y en el transcurso de la respectiva investigación se comprueba hasta la saciedad que el crimen fue perpetrado con el sólo propósito de impedir que votara en contra dicho referendo, y se establece, además, que su voto era decisivo en el hundimiento de esa ley, todo finalmente, en concepto posterior de la CC resultaría legal y Uribe podría ser reelegido nuevamente sobre la configuración de un delito de homicidio, como fue reelegido en primera instancia sobre la configuración de otro delito: el cohecho.
¡Aleluya!
Esto que acabo de afirmar es en lógica, que quiere decir que es así y será así, aunque la CC haya dicho en derecho otra cosa. Fallo en derecho que también tiene un cuestionamiento musculoso, hecho por el magistrado Jaime Araújo en su salvamento de voto cuya introducción es más que contundente:
(…)
“Muy respetuosamente me permito presentar mis razones jurídicas que son de total discrepancia frente a la decisión adoptada en esta providencia, ya que considero que la sentencia enviada por la Honorable Corte Suprema de Justicia y el delito en ella establecido, no podía convalidarse por esta Corte Constitucional. Por el contrario se debió declarar la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005, como consecuencia del hecho delictual, probado después de que se profirió.
La sentencia en cuestión se encuentra viciada de una NULIDAD ya que al momento de la adopción de la misma, esta Corte desconocía que el Acto Legislativo bajo estudio era NULO DE PLENO DERECHO o más exactamente INEXISTENTE, por haber sido la consecuencia de un DELITO, el delito de cohecho, tal y como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente –No.173 del 26 de junio del 2008-. Estos hechos son nuevos y una vez conocidos, tienen relevancia constitucional en cuanto afectan de manera inmediata y directa la VALIDEZ JURÍDICA tanto del Acto Legislativo de la reelección presidencial como de la sentencia C-1040 del 2005 mediante la cual se declaró, incurriendo en un error, la exequibilidad de la misma; razón por la cual considero que esta Corte se encuentra OBLIGADA jurídicamente a estudiar y declarar la nulidad de la sentencia C-1040 del 2005 y con ella del Acto Legislativo No. 02 del 2004, bien a petición ciudadana o de autoridad pública, o bien de oficio”.
Pues, no, la CC no halló razonable el argumento del magistrado Araújo de donde, de lógica, se deduce lo que digo atrás: que el crimen ha sido convalidado para alcanzar resultados de momento que a posteriori no puedan ser revisados jurídicamente.
Pero este largo introito viene al caso sólo por referencia de algo que se anuncia será otra vuelta de tuerca en la interpretación del derecho constitucional, cuando la tutela, sorprendente tutela del Consejo Superior de la Judicatura que ordenó a la CSJ eliminar toda mención que se haga al ministro de Trabajo y de la Protección Social en la sentencia condenatoria a la parlamentaria de marras, llegue en revisión a la CC.
En lógica, una sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia es cierre de caso, “última palabra”, como se dice en el célebre programa de concurso de televisión “¿Quién quiere ser millonario?”, y que el Consejo Superior de la Judicatura haya admitido la tutela, pues, si viene a ser como “los pájaros tirándole a las escopetas”.
En lógica, señores, el Consejo no debió haber admitido esa tutela del ministro porque la CJS, en primer lugar, no le violó ningún derecho a la legítima defensa, pues, el juez natural del ministro viene a ser la Fiscalía y no la Corte Suprema de Justicia; en segundo lugar no lo acusa de nada sino que se limita a registrar en la sentencia las pruebas que hay en el proceso, y si las pruebas mencionan al ministro, son los hechos y no la valoración de la CC, los que sindican al ministro, y tercero: si Jidis mencionó en sus declaraciones ante la CC al ministro Palacio, la CC no podía omitir esa declaración de la parlamentaria, so pena de incurrir en prevaricato al ocultar o sesgar testimonios en beneficio del buen nombre de alguien, por eminente que sea.
Si la CC forzara una interpretación legal en procura de dejar en firme la tutela del Consejo Superior de la Judicatura en favor del ministro Palacio que le ordena a la CSJ eliminar de la sentencia contra Jidis toda alusión a su nombre, por esa vía, preparémonos a recibir una lluvia de tutelas interpuestas desde el Presidente para abajo, pasando por los 70 o más parlamentarios presos por la parapolítica, con el fin de lograr que sus nombres sean borrados de los procesos abiertos a los paramilitares que han tenido el desacato y quizás irrespeto de mencionarlos en sus confesiones como compinches de sus crímenes de lesa humanidad y de constreñimiento electoral en su afán de refundar la patria.
Esperemos que este salto al vacío no lo demos. Pero como la lógica que precede al derecho en este país de histéricas manifestaciones populares y de locas sentencias judiciales ya no existe, siempre puede darse que toda situación difícil sea susceptible de empeorar.
Y ahora reconsidero que tal cosa sería hasta bueno que sucediera para que se creara en Colombia una anarquía jurídica que se fuera directa a la Corte Penal Internacional en donde, al no alcanzar los tentáculos del ilegítimo gobierno de Uribe, otro gallo cantaría.

Y el gringo ahí

OCTAVIO QUINTERO
oquinteroefe@yahoo.com
02-10-08

En la campaña presidencial colombiana de 1998 que enfrentó a Horacio Serpa con Andrés Pastrana, se denunció que muchas empresas estaban amenazando a los trabajadores con botarlos del puesto si votaban por Serpa, el candidato que más garantías le daba a los trabajadores por su ascendencia socialdemócrata.
Entre las muchas triquiñuelas que contribuyeron al triunfo de Pastrana en esas elecciones, es indudable que esa amenaza surtió efecto entre los trabajadores a la hora de meter la papeleta en las urnas.
Esa práctica, hasta hoy, me pareció propia de países subdesarrollados con democracias imperfectas que manipulan no sólo a los electores sino también los resultados en caso necesario.
Pero hoy que leo en Wall Street Journal que Wal-Mart Stores, Inc, está amenazando a sus miles de trabajadores si votan por Obama, puedo sospechar que hace 10 años en Colombia no se inventó el chantaje laboral como herramienta política sino que fue estrategia sugerida por los asesores de Pastrana, todos gringos, que apuntalaban su triunfo en Colombia como causa propia para poder entronizar en este país la feroz y sucia guerra que nos desangra alrededor de la lucha contra el narcotráfico.
Wal-Mart no es cualquier empresa. En la enciclopedia Wikipedia se informa que es la más grande tienda minorista del mundo. Y por sus ventas, aproximadamente 400.000 millones de dólares el año pasado; y número de empleados, cerca de dos millones de personas, es la mayor compañía del mundo.
Según se lee también en Wikipedia, un comité ético noruego concluyó en un informe remitido en noviembre de 2005, que Wal-Mart "viola de forma sistemática los derechos humanos y los derechos laborales de sus trabajadores; emplea de forma sistemática a menores de edad en condiciones de trabajo peligrosas, discrimina a la mujer y no compensa las horas extras de los empleados".
El Journal informa que los gerentes de recursos humanos encargados de llevar el chantaje a los trabajadores, no sugieren directamente por quién votar en las elecciones del 4 de noviembre, pero les dejan claro que votar a Obama equivaldría a permitir el ingreso de sindicatos.
A buen entendedor, pocas palabras.
No me habría despertado tanto interés este asunto, pues, ya advertí en anterior columna que para mi Obama o McCaín resulta apenas un cambio de ritmo dentro del concierto capitalista, si no fuera porque otra noticia que me parecía propia del trópico colombiano, y que con el tiempo hemos dado en descubrir que hace parte de la escalada de violencia del Imperio en Colombia, ha prendido motores en Venezuela: los falsos positivos de los que ya se tiene un dominio de sentido internacionalmente.
En la campaña de Uribe los falsos positivos llegaron hasta fabricar atentados contra el candidato Uribe y atribuírselos a las Farc, con dos fines: inducir el rechazo de la gente a la guerrilla y elevar la imagen pública del candidato que por entonces ofrecía acabar con esos “bandidos” en su primer año de gobierno.
La estrategia electoral funcionó, no así la promesa, pues, el elegido lleva seis años echando plomo a diestra y siniestra como cualquier Pecos Bill, y la guerrilla ahí.
Si yo fuera autoridad en Venezuela, le estaría prestando mucha atención a esa noticia que hoy circula por el mundo en alas de EFE en la que se dice que el dirigente estudiantil opositor, Julio Soto, fue asesinado en Maracaibo, capital del Estado de Zulia.
No basta con que las autoridades hayan dicho que no descansarán “hasta dar con los responsables de este crimen y colocarlos a la orden de la justicia”.
Así se nos empezó a decir a los colombianos en el ascenso de Uribe al poder, y este es el momento en que ahora convertimos en tragedia nacional, desde el presidente para abajo, el horrendo asesinato de un niño de once meses a manos de su propio padre, pero no nos parece igual de horrendo, y quizás superior, la matanza de centenares de miles de colombianos a manos de los paramilitares para quienes se expidió una ley que les permite purgar en cárceles “cinco estrellas”, apenas unos cuantos años por beber la sangre de sus víctimas y jugar fútbol con sus cabezas.
Este crimen en Venezuela me huele a trampa gringa que se le tiende a Chávez en el desespero por desestabilizar su gobierno, No creo que el régimen venezolano necesite matar a un estudiante para sostenerse en el gobierno, él que todo lo puede con sus más de 60.000 millones de dólares que le entran al año por petróleo. Sería absurdo. Chávez ha dado muestras de ser frentero hasta la imprudencia, pero de bobo, ¡nunca¡
El Imperio no descansa: revuelve en su vientre la imagen de Obama porque no le resulta tan apetitoso como McCaín y prosigue socavando el gobierno de Chávez porque definitivamente le cae como sal en herida.
Fue Chomsky quien dijo a principios de este año que cuando el Partido Republicano despliegue sus enormes operaciones de difamación, basadas en mentiras, “veremos qué tan efectivo es Obama”.
Yo no alcanzo a percibir por qué, en principio, fue el mismo Partido Republicano el que puso mayoría en la Cámara en la negación del plan de rescate del sistema financiero de cuya decisión, los iniciados en informaciones confidenciales, debieron capturar enormes ganancias pecuniarias; y el candidato McCaín, también paradójicamente, tomar un segundo aire.
Lo que sí me queda claro, a la distancia de esa campaña sucia de Pastrana en 1998, o en la cercanía de este crimen del estudiante venezolano, que en todo esto, el gringo está ahí, como siempre.