No es la primera vez (ni será la última), que hagamos reflexiones electorales en vísperas de una nueva jornada en la que los colombianos nos disponemos a renovar (al menos así se decía antes), nuestros cuerpos colegiados de Senado y Cámara; y, en el mismo evento, elegir a los candidatos presidenciales del Partido Conservador y del Partido Verde, agregándole a la misma jornada, por primera vez, la elección de los representantes colombianos ante el Parlamento Andino.
Los habitantes de la Costa Atlántica, valga el punto aparte, tienen otro compromiso más, fuera de los señalados atrás: la consulta Caribe.
No es por llover sobre mojado que recordamos ahora el desprestigio del actual Congreso, sino por insistir ante los electores que a la hora de ejercer nuestra soberanía electoral lo hagamos plenamente conscientes de que a partir del instante en que tomamos un tarjetón y marcamos un símbolo partidista y un número electoral, le estamos dando a Colombia la calidad de nuestro próximo Congreso.
Una de las funciones esenciales del poder legislativo, a más de expedir las leyes, es el control político sobre el ejecutivo. Hay que admitir que la pérdida de esta esencia legislativa nos ha arrastrado en buena parte a la precaria calidad de vida que hoy afrontan las clases populares del país, entre ellas, la clase laboral que a golpes de leyes contrarias a los intereses populares y, mejor sería decir, proclives al predominio capitalista, han entronizado en Colombia una especie de tiranía patronal, en la que los trabajadores hemos perdidos todos los derechos laborales.
A tal punto es la predisposición del legislativo a favorecer sólo los intereses patronales que, 20 años después de expedida la Constitución del 91, hemos llegado a reformar hasta la esencia misma de la Carta con aquello de la reelección presidencial del 2006, y en cambio, no ha habido voluntad política para expedir el Estatuto Laboral contemplado en el artículo 53, cuyo texto resulta insuperable, contundente y prueba evidente de que nos están haciendo trampa.
Tómense el trabajo de leerlo, meditarlo y concluir sobre sus postulados y luego díganse así mismos, si lo aquí escrito es, como se dice popularmente, “pura paja”.
Un postulado de ese artículo constitucional nos dice que la ley correspondiente, es decir, la que debió haber expedido el Congreso hace 20 años, debe garantizar a los colombianos la seguridad social.
¿Y qué tenemos? Una “Emergencia Social” que sólo intenta resolver los problemas económicos y financieros de las empresas que convirtieron la salud en un pingüe negocio, arrastrando más las penalidades de los pobres a la hora de acudir a una clínica, un hospital, un puesto de salud o un médico. A propósito, ni en los regímenes más tiránicos, oprobiosos y dictatoriales del mundo, se había impuesto por decreto qué debían recetarle los médicos a los pacientes. ¡Qué horror!
Ese es el Congreso que tenemos actualmente. Ese es el Congreso que hemos venido eligiendo a lo largo de estos últimos años que, con contadas excepciones, baila al son de una dádiva presidencial y se harta de lentejas en la Casa de Nariño. O desvergonzadamente se deja cohechar como en los famosos casos de la Yidis y Teodolindo.
¿Qué tanto tendremos en cuenta estas reflexiones el próximo 14 de marzo?
Sea lo que sea, y lo que piensen nuestros lectores, las próximas elecciones de Congreso son la partida hacia una nueva elección presidencial en la que tendremos que ver si, de verdad, somos capaces de sobrevivir sin Uribe.
Si arrancamos mal este próximo 14, seguramente llegaremos mal a la elección presidencial y, por ende, continuaremos mal en el próximo cuatrienio que seguirá dejando pasar las hojas del calendario sin la anhelada reivindicación social que propende la Constitución y reclamamos todos los colombianos.
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