Así no, Procurador

No se podría defender a la senadora Piedad Córdoba diciendo, por ejemplo, que es falso que haya tenido contactos con las Farc; o que en desarrollo de esos contactos no les haya sugerido hacer una cosa en vez de otra. Inclusive, no se le puede negar su muy probable afecto por una lucha, a pesar de su evolución desde una posición de genuina ideología hacia una innegable conexión con el narcotráfico.
Pero es que la senadora no se ha escondido de nadie en los últimos 18 años que lleva como combativa y combatida militante de la izquierda liberal colombiana. Muchos de esos contactos los ha adelantado, inclusive, debidamente autorizada por el gobierno nacional, unas veces, y el resto, a plena luz del día y en presencia de todo el establecimiento.
Y esa lucha por la paz dialogada y negociada; por la liberación de los secuestrados y, aún, por el canje de presos de guerra de lado y lado, la ha enmarcado en un derecho constitucional prescrito en el artículo 22 de la Carta, que a la letra dice:
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”
Es decir, todos tenemos no sólo el legítimo derecho sino la obligación misma de luchar por la paz en la medida de nuestras capacidades y en el ámbito de nuestros escenarios de participación en la vida nacional. Y por hacer eso, sin traspasar la delicada línea que divide lo legal de lo subversivo, nadie puede ser sancionado, perseguido o estigmatizado, y menos con argumentos tan débiles y falaces, y por demás cargados de un repudiable subjetivismo, en boca de quien, por demás, debe ser el más imparcial juez de todos los jueces, pues, encarna nada más ni nada menos que el Ministerio Público.
Es una vergüenza pública que este Procurador, quien hace un año no halló méritos en una condena de cohecho expedida, no por cualquier juez, sino por la misma Corte Suprema de Justicia, para condenar a la contraparte de Yidis Medina, el ministro del Interior de entonces, Sabas Pretelt de la Vega, ahora venga a hallar méritos para destituir e inhabilitar por 18 años a la senadora Piedad Córdoba, basado en pruebas de un computador –el de Reyes- que ni siquiera ha sido reconocido por las autoridades nacionales e internacionales como prueba fehaciente de delito alguno, al punto que, hace poco, la misma Fiscalía General de la Nación desestimó esos archivos en el proceso que se le sigue a Liliany Obando, acusada de pertenecer a las FARC.
Así no, Procurador:
Si a Piedad no se le ha visto comandar, dirigir o integrar un grupo guerrillero; si no hay registros fehacientes de su militancia subversiva, como por ejemplo, fotos suyas empuñando un fusil, enfundada en un camuflado, con pasamontaña al rostro; si no se le tienen evidencias consistentes, serias, medibles, verificables y comprobables, su decisión de sancionarla es una infamia cargada de sevicia.
¡Su Ministerio Público es un asco nacional y una vergüenza internacional!