La CPI asusta a Uribe

OCTAVIO QUINTERO
18-11-08

Dice el Secretario General de la CGT, Julio Roberto Gómez, que el alto gobierno colombiano le hizo conocer su molestia por la declaración que emitió en la W radio, en el sentido de que tarde o temprano los crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo en el país, entre otros los denominados ‘falsos positivos’, tendrán que llegar a consideración de la Corte Penal Internacional (CPI).
Y en un reportaje que el máximo dirigente sindical de todos los tiempos en Colombia concede al periódico CONCERTACIÓN, de la central obrera FETRABOC, dice que “no acostumbro pedir cabezas, pero en este tema de los reclutados en barrios pobres de las ciudades para asesinarlos en los campos y hacerlos aparecer como combatientes de las Farc dados de bajo en combate, el primero que debió irse del cargo era el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos”.
Uno puede preguntarse con suspicacia o sin ella: ¿Por qué molesta tanto al presidente Uribe que se hable en Colombia de asuntos que pueden llegar a consideración de la CPI? No parece que sea por defender la buena imagen del país. Si fuera por eso, el Presidente ya debiera haber resuelto por la vía más rápida la salida del gabinete de ministros como Santos, cuya justificación para no estar en ese cargo conocemos de autos, y Valencia Cossio, impedido moralmente para adelantar cualquier debate sobre reforma política o judicial, pues, su hermano menor, llegado a altos cargos de la Fiscalía por recomendación de su hermano mayor (el ministro), resultó ser una ficha importante y testaferro también de encumbrados narcotraficantes y paramilitares.
Si fuera en defensa de la buena imagen del país, el Presidente está en mora de al menos suspender en su cargo al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien probablemente se encuentre adelantando con dineros públicos una defensa imposible de su delito de cohecho, cometido en complicidad con la parlamentaria Jidis Medina cuando ésta vendió su voto en la última sesión del Senado que permitió la reelección del presidente Uribe.
Y si fuera por dignidad nacional que se procura no dar pábulo a la incursión de la CPI en Colombia, ¿qué hace en la embajada de Roma el ex ministro Sabas Pretelt, también incurso en ese mismo delito de cohecho en torno a la reelección y qué en la de México, Luís Camilo Osorio, ex Fiscal General de la Nación, famoso por engavetar los más importantes procesos judiciales contra destacados miembros del narcotráfico y la parapolítica?
¿Qué hacen libres su primo Mario Uribe y el ex jefe del DAS, Jorge Noguera, por quien un día dijo el Presidente que estaba dispuesto a meter sus manos al fuego? Libres, no por inocentes sino por irregularidades en el procedimiento, o fallas en el debido proceso, un elemento jurídico esencial de la democracia, la verdad sea dicha, pero que en Colombia sólo se le concede a quienes tienen harta saliva para tragar buen hojaldre.
Si no es por preservar la buena imagen del país, buena imagen que, entre otras cosas, ya está hecha hilachas merced a los anteriores casos que se citan sólo a manera de ejemplo, entonces… ¿Qué es lo que tanto mortifica al presidente Uribe cuando una persona, de algún nivel importante, especialmente en el campo internacional, como es el caso del Secretario de la CGT, menciona la posibilidad de que la CPI avoque estos casos de lesa humanidad?
No quiero ni pensarlo porque en esto parezco adivino. Hoy en las noticias que me llegan por el correo virtual del profesor Oscar Delgado, se informa que “cuatro ex presidentes padecen hoy afugias judiciales”.
La noticia se refiere a Carlos Menem, de Argentina; Sánchez Lozada, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica.
En mi libro “La mentira organizada”, del 2001, (Pags. 60 y 61) me refiero concretamente a Menem y agrego a Fujimori del Perú; De la Madrid y Salinas de Gortari de México; Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Cardoso de Brasil… “que enfrentan el crudo juicio de la historia y otros que no han podido sacar sus bultos de los estrados judiciales”.
La molestia de Uribe con el Secretario General de la CGT por hablar de la posibilidad de que la CPI avoque estos incómodos asuntos debe ser por aquello de que, como dicen… “en casa del ahorcado no se habla de sogas”.

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