Octavio Quintero La Corte Constitucional colombiana desestimó la demanda de inconstitucionalidad entablada contra la reforma laboral del 2002 conocida como Ley 789 que alargó la jornada laboral ordinaria de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche; disminuyó la remuneración del trabajo en días dominicales y feriados y menguó la indemnización económica que los empresarios debían pagar a los trabajadores frente a despidos sin justa causa, entre otros.
La Corte dijo que esa demanda no se podía tramitar porque pertenecía a cosa juzgada ya que en el 2004 le había impartido mérito constitucional bajo la condición de que el Congreso se ocupara de vigilar su eficacia, es decir, que efectivamente la reforma propiciara la generación de nuevos empleos.
Lo que parece decir la Corte en este nuevo fallo es que corresponde al Congreso modificar la Ley 789, si es que efectivamente no ha arrojado los resultados que sirvieron como justificación para su expedición: la generación de empleo. Pero queda visto que los parlamentarios uribistas sólo le caminan a las propuestas del gobierno… “mientras los meten a la cárcel”, como les ordenó una vez el propio presidente Uribe desde un púlpito empresarial.
Aunque el propio presidente de la Corte, Humberto Sierra Porto, reconoce que la tal reforma es regresiva en el sentido de que desconoce derechos adquiridos y beneficios sociales de los trabajadores que antes se consideraban jurídicamente inalienables, se atuvo al principio de “cosa juzgada” por medio del cual una misma materia no puede ser sujeta de fallo constitucional más de una vez.
Pero algunos argumentos también jurídicos del mismo presidente de la Corte y del magistrado, Jaime Araújo Rentaría, daban pie para que el fallo hubiera sido de inconstitucional, pues, en el 2004, la reforma laboral se halló exequible bajo el argumento de que se basaba en hipótesis posibles, es decir, que la extensión de la jornada laboral ordinaria y las demás reformas propuestas, efectivamente estimularan entre los empresarios la generación de empleo.
Por eso, al decir de estos magistrados, no se estaba juzgando la misma cosa sino otra cosa ya bien distinta, que el magistrado Araújo Rentaría explica en los siguientes términos:
"Vistos los resultados, es claro que después de cuatro años, no se cumplieron esos objetivos, pues de los 640.000 empleos que se esperaba generar, sólo se crearon, según lo informa el Gobierno, 240.000, lo que significa que hay un déficit de 400.000 empleos, mientras que los empleadores obtuvieron billones de pesos que no compensa la reducción drástica de los derechos de los trabajadores en materia de pago de dominicales y festivos; horas extras e indemnización por despido. Esta norma sólo favorece a los empleadores y perpetúa una situación que atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores".
En donde parece verse con claridad que el fallo final de la Corte fue objeto de mucha presión por parte del gobierno es cuando el alto tribunal conceptúa que “aún no se puede determinar si la norma ha servido para cumplir el objetivo que se propuso”. Es evidente que este concepto es traído de los cabellos frente a la contundente cifra que aportaba el mismo gobierno en el debate sobre 640.000 nuevos empleos de proyección frente a los 240.000 que en la realidad se han generado.
Y como en Colombia, al parecer, se está abriendo camino la jurisprudencia del absurdo, ahora le tocó a la Corte Constitucional establecer el absurdo precedente que da lugar a que permanezcan vigentes de manera indefinida normas que lesionan los derechos constitucionales de los trabajadores. Así de sencillo.
Con fina ironía, algún lector de los medios de comunicación hizo este comentario que parece entrar de lleno a la nueva literatura de la Alta Gerencia: “El Código Laboral tiende a convertirse en un texto legal compuesto por un único artículo: "el patrón siempre tiene la razón".
Fuera bueno que los encuestadores de opinión pública, tan diligentes a medir la imagen del gobierno a la hora de asestar duros golpes a las Farc y engancharse en guerras mediáticas con los países vecinos, por lo cual, el 84 por ciento de los colombianos le aplaude, midieran también cuántos colombianos le avalan esta política de atropello a los derechos adquiridos de los trabajadores. Si se mantuviera ese 84 por ciento de imagen del presidente Uribe, entonces, apague y vámonos.
oquinteroefe@yajoo.com
13-03-08
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