El Neoinstitucionalismo

Y el proyecto económico de Antanas Mockus
Juan Federico Moreno

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Con la aguda crisis de desempleo, pobreza y desigualdad a la que nos ha conducido la implementación del modelo económico del neoliberalismo en Colombia, pocos dirigentes políticos y económicos se atreverían hoy a defender, abiertamente y sin algunos atenuantes, los principios de este espécimen desacreditado del fundamentalismo de mercados. Ahora lo hacen con subterfugios. Con “nuevos” términos acuñados por el uribismo: confianza inversionista, cohesión social y seguridad democrática. Los tres huevos que los candidatos Mockus y Santos se comprometen a defender a ultranza.

Podemos leer en la gran prensa, casi a diario, las conversiones y los nuevos acomodamientos de algunos paladines de la apertura económica en Colombia, como Rudolf Hommes y Guillermo Perry –ambos ex ministros de Hacienda en épocas de revolcones- e incluso, los inevitables nuevos dogmas neoliberales, aunque “legalistas”, de un ex director del Banco de la República, para la misma época (Salomón Kalmanovitz).

Si bien las adhesiones al neoliberalismo aperturista no han variado, en esencia, por parte de los dos candidatos que quedaron en la competencia por la presidencia, Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, no usan, en público, la palabra neoliberalismo. Pero eso sí, tienen una convicción firme en las supuestas ventajas de la libertad absoluta de los mercados. El costo político de una adhesión abierta al neoliberalismo o a la apertura económica, ante un electorado golpeado por la falta de empleo, la carestía de la vida, los bajos salarios, la pobreza y desigualdad consecuentes, tendría efectos adversos para sus pretensiones gubernativas.

En lugar de un reconocimiento directo de adhesión a la ortodoxia, estos candidatos prefieren explicar sus programas de gobierno en términos diferentes y, sobre todo, que despierten menos rechazo que los del crudo decálogo del Consenso de Washington y las interesadas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Juan Manuel Santos, apela al término propagandístico del “buen gobierno”, en alusión a la célebre denominación que uno de los Padres fundadores de los Estados Unidos, Madison, dio a su ideal de gobierno. Un gobierno capaz, entre otras cosas, de impedir la “tiranía mayoritaria”– es decir, el peso excesivo de la mayoría electoral en las decisiones de gobierno- en un marco de república liberal-aristocrática, que hizo todo –como dice Atilio Borón– para impedir la intervención de “la plebe”, en los manejos de los asuntos del Estado.

Entre tanto, la idea aparentemente “renovadora”, que presenta Antanas Mockus, nos remite a los lineamientos que el Banco Mundial dio, desde mediados de los años 90, para consolidar y profundizar la apertura neoliberal de la economía, en base no ya en las medidas estrictamente económicas (privatización de empresas públicas, liberalización comercial y de mercados financieros, reducción del gasto público, entre otras) sino, en especial, consolidando una reforma en las instituciones jurídico-legales.

El fortalecimiento del sistema judicial, el aumento de sus niveles de autonomía y de independencia frente a las decisiones de los poderes representativos del Estado (legislativo y ejecutivo) y el establecimiento de las altas cortes como poder supremo del Estado. De aquí que, ante cualquier pregunta que ataña a sus futuras decisiones de gobierno, Mockus se limite a declarar: “Lo que decida la Corte Constitucional”. Vale decir que, en su sistema de gobierno, el presidente electo presidirá, pero no gobernará. Las Cortes –no electas- lo harán por él, así sus decisiones no coincidan con los designios de la voluntad general y mayoritaria del pueblo.

La corriente de pensamiento económico que da soporte y en la cual se fundamenta el Banco Mundial, y también el BID, para introducir e impulsar la reforma neoliberal es llamada “Neoinstitucionalismo” y su representante más reconocido es Douglas North, premio Nobel de economía de 1993.

¿Qué es el neoinstitucionalismo?

El sentido histórico que ha adquirido el institucionalismo, desde sus orígenes en los Estados Unidos, se asocia a la necesidad de imponer frenos a las olas de democratización y de ascensos populares, cuando éstos eran juzgados como “excesivos” por los sectores dirigentes del Estado.

El diseño constitucional norteamericano, había previsto la puesta en plaza de un poder judicial federal que fuese independiente, por su origen y por el carácter vitalicio de los altos magistrados, de los designios de la voluntad popular. Mientras que los otros poderes, surgidos de elecciones populares periódicas –como el legislativo y el ejecutivo- podían cambiar sus orientaciones, siempre permanecerían las instituciones de la justicia –supuestamente independiente- que pudieran impedir cambios significativos en la organización liberal del Estado.

Desde finales del siglo XIX, al mismo tiempo que se consolidaban procesos de democratización en las sociedades desarrolladas, como la extensión del sufragio universal masculino, la adquisición de derechos de asociación y expresión, se afirmaban también las tendencias de pensamiento económico, que ubican a las instituciones liberales, diseñadas en la constitución estadounidense, como el modelo óptimo de desarrollo económico, político y social.

El llamado institucionalismo norteamericano –desde fines del siglo XIX- coloca al poder judicial del Estado, como el garante supremo y como la salvaguarda fundamental de los principios liberales (derecho de propiedad y estabilidad en el cumplimiento de los contratos entre particulares).

Desde esa época agitada, algunos economistas pusieron en relieve el papel fundamental de las instituciones y las leyes en el mantenimiento de orden liberal y el funcionamiento eficiente del mercado. Commons formuló el principio, desde la economía, que la escasez económica conduce a la competencia entre diversos intereses por capturar los recursos disponibles. La presencia de sólidas instituciones estatales y de reglas de negociación evitaría, o por lo menos podría contrapesar, los desbordamientos de la democratización o la excesiva energía de los reclamos populares, por una eventual distribución, al tiempo que se reducirían los costos de transacción, implícitos en todo conflicto de intereses que no estuviera previsto por el aparataje legal–institucional.

El llamado neoinstitucionalismo, que se derivará de estas posturas, y en la actualidad, muy particularmente, de los trabajos de Douglass North. Este autor se interesa en el afianzamiento de los derechos de propiedad y en asegurar el cumplimiento de los contratos entre los agentes económicos, como pueden ser los inversionistas extranjeros y los gobiernos de las naciones que hayan recibido esas inversiones.

Estableciendo un nuevo tipo de determinismo judicial, North podría jactarse de haber formado un modelo en donde Carlos Marx está puesto “patas-arriba”, pues según el neoinstitucionalismo, la configuración del sistema institucional y jurídico-legal, no está condicionado –en última instancia– por el desarrollo y características de las relaciones socio-económicas, sino, por el contrario, son las normas e instituciones legales, las que determinan –de una manera bastante mecánica- el crecimiento y desarrollo económico de los países. Vale decir, si queremos alcanzar niveles de desarrollo semejantes al de los Estados Unidos, no tenemos más que copiar sus instituciones y normas legales.

Según este enfoque, si la reforma aperturista neoliberal falló, si creó, por ejemplo, en Colombia condiciones de desigualdad, pobreza y desempleo, mayores que antes de su implementación, esto no se debió a que fuese un modelo del capitalismo financiero, por el capitalismo financiero y para el capitalismo financiero, sino porque nuestras instituciones jurídico-legales, son “débiles”. Se hace necesario, entonces, fortalecerlas, aumentar su independencia, dotarlas de más autoridad que las instancias elegidas por el pueblo.

Para el neoliberalismo neoinstitucionalista, en este momento, se trata de bajar “los costos de transacción”. Entre estos costos de transacción, se incluyen: las regalías que las empresas transnacionales deben pagar al Estado o a sus regiones para la explotación y usufructo de sus recursos naturales, los costos de los estudios de impacto ambiental y social, que algunas legislaciones incorporaron como obligatorios, los altos salarios, cargas sociales y cargas fiscales sobre las grandes empresas.

¿Cómo se logra este nuevo ajuste estructural de la economía? Pues fortaleciendo las instituciones judiciales, haciendo cumplir las normas, incorporando a las altas cortes como poder supremo del Estado. Para decirlo en palabras de Antanas Mockus: “Colombia debe entrar en la Legalidad”, “Se deben bajar los costos de transacción”, “el Estado debe estar presente en cada región, en lo posible en cada municipio, no sólo con el ejército, como sucede ahora, sino que al lado de cada unidad del ejército debe haber una unidad de la fiscalía y un juez”.

Ese es el cambio educativo-dirigista que le propone Mockus a Colombia: la “interiorización” de las leyes que favorezcan el neoliberalismo, y la inclusión, al lado de las instituciones del garrote, de las otras instituciones, menos violentas, por cierto –pero no menos autoritarias– de la Ley, de la zanahoria.

La opción verde, es la opción más avanzada y legal del neoliberalismo en Colombia

Varios son los obstáculos que la democracia, el socialismo y las instituciones republicanas en Colombia -a las que se tilda sistemáticamente y sin discriminación de “corruptas”- oponen a esta profundización del neoliberalismo institucionalizado. Como atravesamos una nueva etapa de “democratización”, los gobiernos, en los sistemas representativos, cambian. Como cambian también las inclinaciones del electorado, y ante las crisis recurrentes que produce el neoliberalismo – financieras, de recesión, de desempleo, de desigualdad – se abren fuertes posibilidades de ascenso de gobiernos populares y democráticos, es decir del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

La reforma neoinstitucional, defendida punto por punto por el programa verde, debería impedir, imponiendo límites severos, este desbordamiento democrático de la voluntad popular. ¿Cómo hacerlo? Imponiendo el imperio de la Ley como limitante de las eventuales tiranías mayoritarias. Claro que pasaríamos al extremo contrario, a establecer lo que Salomón Kalmanovitz, llama una “tiranía de los magistrados”.

Evidentemente –para el enfoque neoliberal y neoinstitucionalista– en épocas de crisis, no son los órganos representativos del Estado (Congreso o Presidencia de la República) los que pueden asegurar la estabilidad y la seguridad en el cumplimiento de ese tipo de contratos, destinados a favorecer la inversión extranjera en el país, sino el mecánico accionar del aparato jurídico–legal, supuestamente libre él, de “puja de intereses”, de “corrupción” y de nefastas influencias “populistas”.

En esta perspectiva neoliberal, de avanzada, refinada, sin duda, pero también engañosa y cubierta de un cierto halo místico, de una ética metafísica, de un autoritarismo difuso, se inscribe el programa de gobierno del doctor Mockus.

¿Mejoraría las actuales condiciones de vida de los colombianos? ¿Atenuaría la alarmante inequidad social, siempre en provecho de los sectores financieros y oligárquicos del país y en desmedro de las amplias mayorías nacionales? ¿Crearía más empleo y desarrollo económico endógeno, local? ¿Facilitaría una mejor y más equitativa distribución de las tierras productivas entre la población campesina? ¿Aumentarían los salarios reales de los trabajadores, su cobertura de salud, jubilación, servicios sociales?

A todas a estas preguntas, Antanas Mockus, ha dado respuestas, en sus diversas intervenciones, generalmente negativas. Por supuesto, sus adherentes, tienen todo el derecho a descreer de las propias declaraciones públicas del candidato. Adjudicarlas a un momento de confusión, de impericia, de oportunismo o a una supuesta “genialidad ultramundana” fuera del alcance cognitivo del común de los mortales.

Cubriéndose de esperanza, a la que muchos pintan de verde, sus adherentes quieren soñar con una Colombia mejor, uniéndose detrás de su programa y pensando que, tal vez, si se “legalizan” los actuales procesos, aunque tibiamente, se alcanzarán a la larga, mejores condiciones de vida. Nada es menos seguro que esta esperanza institucionalista. El infierno –según nos cuenta el Dante–, también está sometido a leyes.

No obstante, el desarrollo de la segunda vuelta y el muy seguro triunfo del candidato del gobierno, los verdes aspiran a recoger el rechazo a las políticas uribistas de los votantes de otros proyectos políticos y de los abstencionistas, y así canalizar a través de lo que han llamado una alianza ciudadana una adhesión a sus postulados. La experiencia histórica y política de un pueblo, no se puede remplazar por el análisis que los sectores sociales, algunos intelectuales, socialistas, demócratas, nacionalistas de izquierda, podamos hacer a su propósito. Pero también nuestro deber, como tales, nos lleva a tratar de dilucidar los contenidos y las intenciones de uno de los programas que están en la recta final por la Presidencia de la República. Nos parece un programa neoliberal, tanto como el de Santos. Una propuesta de gobierno que profundiza las condiciones de un modelo económico, basado casi exclusivamente en la atracción de la inversión extranjera y que, en vista de reducir los costos de transacción para las empresas, arriesga recrudecer, aún más, las condiciones de pobreza y desigualdad existentes en el país.

A pesar de ser partícipe de esta marea de oposición a la candidatura de Juan Manuel Santos y de haber liderado la oposición y la denuncia a los desmanes del uribismo durante estos duros años de desgobierno, el Polo Democrático Alternativo no puede aunar sus votos a otro programa neoliberal, neoinstitucionalista, sin renunciar a su propósito de dotar de un sentido social a las políticas económicas de la nación colombiana. Nuestra intención no es la de destruir una esperanza, sino la de construir la fe y esperanza de nuestro pueblo sobre una base social, de mayor equidad y, sobre todo, verdadera.